La nueva proposición de Ley de Cristina Cifuentes en un “breve” resumen.
Autor de la viñeta: El Roto
LEMES o Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior es la nueva proposición de ley elaborada por el gobierno de la Comunidad de Madrid para redefinir la situación y métodos educativos de las universidades públicas y privadas.
Según una noticia con fecha del 30 de septiembre de este mismo año elaborada por un profesor de la Universidad Complutense de Madrid en El Huffington Post “habían sido invitados a participar en ese proceso el Director General de Universidades, cinco personas escogidas por él, un representante de cada equipo rectoral de las universidades públicas madrileñas, un representante de las universidades privadas madrileñas y un representante de organizaciones estudiantiles a través de siete reuniones privadas. Ha sido imposible averiguar qué personas concretas asistieron como representantes, con qué asiduidad y con qué opiniones; incluso encontramos informaciones contradictorias según a quién se pregunte. De este proceso fueron excluidos todos los sindicatos y casi todas las asociaciones estudiantiles, así como el resto de los agentes sociales y de los miembros de las comunidades universitarias”. Lo que quiere decir que a ninguna junta, a ninguna delegación y a ninguna consejería de gobierno de las diferentes universidades de Madrid se le notificó las sucesivas reuniones entre rectorados y el gobierno de la Comunidad para elaborar este primer borrador de la propuesta de ley.
En segundo lugar, la LEMES no tiene en ningún momento en cuenta una reforma de la calidad educativa ni de cómo solucionar los problemas actuales que sufren nuestras universidades, sino que simplemente establece una serie de criterios para evaluarlas (en términos de rentabilidad y eficiencia) y así poder distinguirlas según tengan una mejor o peor posición. Lo cual implica que, en términos de financiación, aquellas universidades que implanten la LEMES y gracias a ella consigan una mayor rentabilidad y competitividad ascenderán en los puestos de universidades de la comunidad de Madrid (tanto públicas como privadas), y se beneficiarán de una mayor financiación económica.
En cuanto al carácter docente, se establece una clara diferenciación entre investigadores/as y el resto del personal educativo, en el cual no se tienen en cuenta las capacidades que este último pueda tener para la correcta transmisión de los conocimientos y guía del alumnado. Más bien se centra en las investigaciones que sea capaz de desarrollar para mejorar la competitividad de la universidad en la que trabaje. Por tanto, no se tiene en cuenta el carácter formativo de las universidades ni la calidad de los docentes, sino el hecho de que los equipos de investigación sean capaces de “subir en el ranking de posiciones” a la universidad concreta. Investigaciones que se plantean que tengan una mayor intervención de empresas privadas en su financiación.
Se crea, a su vez, la figura del profesor agregado, que se caracteriza por cubrir un puesto concreto con una finalidad establecida dándole plenas facultades a la universidad para precarizar su trabajo como personal docente.
El documento de la LEMES también plantea que, para mejorar la competitividad de las universidades, se debe llevar a cabo una plantilla paralela. Es decir, la propia plantilla de la universidad, y luego otra externa financiada por empresas privadas para, según el borrador, la mejora de la calidad y la especialización del alumnado.
Por otro lado, a la figura actual de Consejo Social de las universidades (en ella se reúnen tanto personas de la comunidad educativa universitaria como de las diferentes empresas que la integran), que hasta la fecha solo se encargaba de aprobar los presupuestos, se le otorgan más poderes como las plenas competencias sobre la regulación del personal universitario (de investigación y académico).
Además de esta figura, la LEMES plantea la creación de un Consejo Académico. Sería un consejo a nivel de toda la Comunidad de Madrid, compuesto por personas ajenas a la comunidad educativa y a la representación estudiantil. Es decir, se encuentra compuesto por sectores privados, y por tanto personal académico ajeno a la universidad como el perteneciente al extranjero.
Los criterios establecidos por este documento para que se puedan crear universidades privadas y centros adscritos son: solvencia económica y técnica por parte de las universidades, (sin establecerse como requisito la necesidad social de dichos nuevos centros educativos).
Por último, la fundación Madri+d es la que establece los criterios y valoraciones de rentabilidad de las diferentes universidades y la que emite informes sobre los datos obtenidos. Esta fundación, creada por la Comunidad de Madrid, y en contacto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se define por ser un organismo interno de la Consejería de Educación compuesto por personal académico y por estudiantes. La mayoría de sus integrantes pertenecen a entidades privadas ya sean empresas o universidades, cuyos representantes estudiantiles no son elegidos por las diferentes delegaciones ni comunidades estudiantiles universitarias, sino por la propia fundación Madri+d. Los criterios usados son bastante competitivos, promoviendo el recorte de grados o másteres para conseguir una mayor rentabilidad económica.
Esto son solamente algunos de los puntos que establece este nuevo borrador de proposición de ley LEMES. Os dejamos algunos enlaces por si queréis investigar más sobre el asunto.
Candela Martín
Fuentes:
http://www.huffingtonpost.es/fernando-angel-moreno/la-nueva-ley-de-cifuentes_b_12178306.html
http://www.lamarea.com/2016/07/13/excelentes-precarios-cifuentes-define-modelo-universidad/
