Veintisiete personas podrían ser condenadas a más de 12 años de cárcel por protestas en el rectorado.
Ya sé, ya sé: esta no es la revista de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), pero el pasado jueves 15 de diciembre, justo cuando algunos miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT) estuvieron en el edificio 14 exponiendo su caso -con tres cuartas partes de la sala vacías- nos pareció apropiado hacer de Hermes, poniendo nuestro granito de arena para expandir tan rancia noticia.
La Universidad como institución cada vez se privatiza más y más. La Generalitat, el Banco Santander, las propias universidades y algunos catedráticos reciben primas monetarias, “mordidas” a cambio de dejar que las empresas privadas impulsen los mal llamados másteres propios, que más bien deberían llamarse másteres privados.
La brecha económica entre ricos y pobres acentúa las dificultades de personas con escasos recursos para acceder a estudios más allá de los grados. La cuestión es que, durante los últimos años, hay empresas que fuerzan la realización de sus propios másteres. Dado el coste que suponen estos cursos de especialización, es frecuente que los interesados recurran a entidades bancarias para financiar el gasto, a cambio de amortizaciones en varios años que hacen crecer la cifra inicial del préstamo.
Ermengol Gassiot, profesor de la propia UAB y sindicalista de CGT, fue detenido junto a otras veintiséis personas en 2013 debido a su participación en las protestas y movilizaciones estudiantiles que finalizaron con la ocupación pacífica del rectorado. La Fiscalía pide un mínimo de 11 años y medio de cárcel y un máximo de hasta 14 años. Esta decisión está ocasionando más huelgas y movimientos estudiantiles.
Ni siquiera cuando CGT presentó a su candidato a rector, y habiendo conseguido el 79% de los votos, la iniciativa de desprivatización dio sus frutos, pues ni la universidad ni la Generalitat le dieron luz verde. El abogado que la UAB contrató para este caso es el mismo hombre encargado de de la defensa de los Pujol y de Neymar, en sus respectivos casos de presunta corrupción, relacionada con la evasión fiscal.
Gassiot es optimista con sus opciones, y así lo transmitía: está seguro de que ganarán el caso, y de que de no hacerlo la comunidad estudiantil catalana no dudará en movilizarse, como ha venido haciendo hasta ahora.
