Según el Artículo 23 de la Ley de Extranjería, se entienden como actos discriminatorios y se condenan: “Todos los que impongan ilegítimamente condiciones más gravosas que a los españoles o restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la formación profesional y a los servicios sociales (…) al extranjero que se encuentre regularmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.”
Entonces, ¿por qué la legislación vigente ampara que se cobre en algunos casos hasta un 60% más en la matrícula a estudiantes extranjeros no residentes? Las universidades del Estado español tienen a día de hoy total legitimidad para incrementar el coste de la matrícula a estudiantes no comunitarixs –aquellxs que no pertenecen a la Unión Europea- dentro de los límites ya impuestos por el gobierno. Esto quiere decir que todas las universidades públicas de nuestro país cobran un tanto por ciento extra que depende de los créditos del grado, máster o formación a realizar, y de la comunidad autónoma en la que se encuentre dicha universidad.
Tanto en la UC3M como en el resto de universidades públicas de la Comunidad de Madrid –sin excepción-, el coste total de la matrícula para un estudiante de grado no comunitario se multiplica por cinco, lo que equivaldría al precio de una cuarta matrícula. Lo mismo les ocurre a los estudiantes de máster habilitante -aquellos que necesitan casi obligatoriamente cursar estos estudios para ejercer-. Según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, dicha normativa está vigente desde 2015.
Desde La Dispensa hemos contactado con los estudiantes Andrea Beatriz Rodrigues de Barcelos -procedente de Brasil- y Pablo Poveda Mora -de origen ecuatoriano-, quienes cursan el Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y se ven afectados por esta problemática. Desde el espacio universitario no se puede hacer nada, alega el Defensor Universitario, puesto que es competencia de la Comunidad de Madrid. Por este motivo, presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo de Madrid. Fue rechazada. El alumnado condena que la propia legalidad permite esta discriminación, y que la mayoría de instituciones se escudan en la diferenciación entre extranjero con permiso de estancia o de residencia para perpetuarla: a los residentes no se les cobra este plus, mientras quienes tienen un permiso de estancia ven cómo se multiplica el precio de matriculación.
Pablo comenta que las universidades no son claras al informar sobre los incrementos en las tasas, y añade que la UC3M no puede ignorar que un alto porcentaje de su alumnado se encuentra en esta situación. Aunque de momento “es una batalla perdida”, lamenta.
Candela Martín Martínez
Gonzalo Vásquez Soliz
