Según el Artículo 23 de la Ley de Extranjería, se entienden como actos discriminatorios y se condenan: “Todos los que impongan ilegítimamente condiciones más gravosas que a los españoles o restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la formación profesional y a los servicios sociales (…) al extranjero […]
